Hoy, a partir de las 8, se reanuda el juicio oral y público en contra de Miguel Ángel Brito, el primer ex funcionario alperovichista que se sienta en el banquillo por presuntos hechos de corrupción.
Esta semana comenzará la etapa final del proceso, que tiene al ingeniero como acusado de los posibles delitos de fraude a la Administración Pública y de negocios incompatibles con su cargo.
Las juezas de la Sala VI de la Cámara Penal, Alicia Freidenberg, Stella Maris Arce y María Elisa Molina, ya les tomaron declaración a casi todos los testigos. Sólo restan una rueda de preguntas a un empleado de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), Rubén Cabocota; y un careo entre un ex contratista de la repartición y un ex jefe de departamento, ambas medidas solicitadas por el fiscal de Cámara, Carlos Saltor.
Además, el tribunal está incorporando las instrumentales ofrecidas por las partes. Para la acusación será relevante la decisión que tomen las juezas respecto de la actualización de una auditoría del Tribunal de Cuentas en la que se señalan 39 obras con presuntas irregularidades, todas efectuadas durante la gestión de Brito bajo el amparo de la ley 7.960.
Esta norma permitía a la DAU realizar compras y contrataciones por hasta $150.000 en casos de urgencia y de necesidades prioritarias, entre otros requisitos. La hipótesis de la investigación es que, aprovechando este sistema de excepción a las licitaciones públicas, Brito habría perjudicado al erario con trabajos inconclusos y con el favorecimiento a empresas en aparente situación irregular.
Según la defensa, a cargo de Arnaldo Ahumada, María Fernanda Battig y Francisco García Posse, el requerimiento de elevación a juicio de la causa contra Brito contiene graves falencias, como no cuantificar el supuesto daño perpetrado a la Administración Pública.